Escribe: Liliana Mizrahi . Una niña de 15 años es desvirgada, dolorosamente violada y embarazada por su padrastro-policía. Todo esto sucede en su cuerpo y en contra de su voluntad.
El violador-padrastro-policía está libre, para él no pasó mucho, un arranque caliente de machismo y ya está. Para la niña sí pasó mucho.
La niña es obligada/sometida, en la violación y en el embarazo que ella no buscó también es obligada, a tener un hijo que no quiere tener. Le niegan el aborto no punible. ¿Qué hacer? ¡Me mato! (yo y el embrión), dice la niña.

Las diatribas sobre el aborto que descargan los obispos católicos cada vez que se liberaliza su regulación tienen mucho más que ver con castigar a las mujeres que con proteger a los nonatos.

Si al poder eclesiástico le interesara de verdad la vida humana empeñaría su palabra, su energía y, ¿por qué no? su dinero en evitar la muerte de esos siete millones de niños, víctimas cada año de las infecciones, el hambre, la pobreza, en suma. La condena del aborto va dirigida, en mi opinión, contra la mujer. Se trata de criminalizar la posibilidad que hoy tienen las mujeres, y que siempre han tenido los hombres, de vivir su sexualidad sin miedo. “Ya que quieres disfrutar del sexo, ya que quieres pasártelo bien sin lazos ni coyundas que, al menos, penda sobre tí la amenaza de una maternidad de la que no te puedas librar sin incurrir en un delito”.

El Gobierno entregó al Poder Judicial información sobre los militares y civiles que integraron la estructura de inteligencia del Ejército durante la dictadura. Aún no existe una causa judicial que investigue al Batallón 601.
Por primera vez desde el retorno de la democracia, fiscales y jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad disponen de los nombres y responsabilidades específicas de oficiales, suboficiales y también civiles que prestaron servicios durante la dictadura en organismos de inteligencia del Ejército.

El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral y público al dictador Jorge Rafael Videla, imputado por centenares de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Videla deberá hacer frente a una acusación por 30 homicidios, 552 secuestros y 264 casos de torturas que tuvieron lugar en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.