Los jefes de la Policía Federal Enrique Capdevila y Alejandro De Nizo finalmente se mantuvieron en sus puestos. La versión de su renuncia fue echada a rodar por sectores de la fuerza opuestos a un plan que la ministra Nilda Garré le presentó a la presidenta de la Nación. Un punto importante de ese plan es que cinco comisarías del sur de la Capital Federal dejarán de estar en manos de la fuerza azul y en su reemplazo esas unidades pasarán a la Gendarmería (tres) y la Prefectura (dos). Ayer se especuló con que Garré designaría al frente de la Federal a un civil pero, como anticipó Página/12, el plan no incluye semejante cambio. En principio, la Presidenta anunciaría la reestructuración en los próximos días y el plan se pondría en marcha el 1º de julio, aunque varios aspectos están todavía en debate.

Tres detenidos contaron a distintos magistrados que los sacan a robar entre la noche y el alba, con ropa y armas del Servicio, que los desarmaderos funcionan en las propias cárceles, donde también se venden estupefacientes. A quien se niega le violan la mujer o lo asesinan. Fiestas nocturnas con alcohol y prostitutas y tiro al blanco sobre los detenidos.

A poco más de un año de la conformación del Acuerdo para la Seguridad Democrática,(ASD) que comprometió a la mayor parte del espectro político, social y de organismos de la sociedad democrática, el encuentro de brazos comunes volvió a reunirse para hacer público un durísimo documento sobre la violencia policial, especialmente de la Bonaerense, cuando el vaso quedó desbordado tras los recientes fusilamientos policiales en José León Suárez, Baradero y Mar del Plata (donde un chico fue baleado por la espalda, igual que en las otras ocasiones, y resultó gravemente herido). El documento hace hincapié en la tramposa seguridad que pretende promover la política del autogobierno policial, que habilita la corrupción, la mano dura para encubrir sus propios negocios (sólo recordar la denuncia de Stornelli ministro, quien aseguró que los Bonaerenses reclutaban menores para robar autos). Sostiene que la unificación de los ministerios de Seguridad y de Justicia en uno solo debilita la posibilidad de controlar a la Bonaerense autogestionada. Sin mencionarlo, deja a Ricardo Casal, titular del ministerio unificado, como factótum del discurso de la mano dura actualizado y motor central de las condiciones de desbocamiento policial, del mismo modo que ocurrió con aquel “meter bala” de Ruckauf que todavía no se termina de sacudir la provincia.

Escribe José María Otero: Fueron creciendo como los cardales en los potreros abandonados, en épocas difíciles para el país y cuando los ciudadanos estaban pendientes de sobrevivir por encima de toda otra preocupación. La proliferación de las villas miserias, sus cercanías con algunos estadios (San Lorenzo, Huracán, Racing, Independiente, Boca, Estudiantes y Gimnasia La Plata, todos los clubes del Gran Buenos Aires de segunda división,  Rosario Central, Newell’s, Rosario Central, Unión y Colón de Santa Fe, etc.) sirvieron de caldo de cultivo para incrementar esa masa que surgió en los años de plomo y que sucedía a los violentos que siempre existieron en nuestro fútbol. Pero no con la ferocidad e impunidad actual en la que se pelea por dinero, poder y tener acceso a grupos de choque que trabajan indistintamente para fuerzas políticas, sindicales, policiales y mafias de todo tipo.