BOLETÍN ARGENTINO

Desde la Revolución de Mayo a la dictadura del 76, un recorrido para comprender por qué siempre pagamos y debemos.
En 1952, con el pago de 12.649.471 pesos moneda nacional, el gobierno de Juan D. Perón daba término definitivo al endeudamiento externo argentino. Desde ese momento la Argentina dejaba de ser un país deudor y, asombrosamente, se convertía en acreedor. La ilusión duró poco. Ocho años después se terminaba la autonomía financiera y en 1961 se reanudó el endeudamiento. Nunca más se interrumpió ese proceso. Aquel breve interregno constituyó sólo una anormalidad en la historia moderna argentina.

Para un banco hay dos maneras de que su negocio se interrumpa: cuando dejan de pagarle (cesación de pagos) o cuando terminan de pagarle una deuda.

El gran tema de la deuda externa ha sido muy frecuentado, pero el foco ha sido puesto en el período más salvaje y reciente, el que se inauguró con la última dictadura militar. Pero esta historia es más antigua, aunque algunas similitudes con la actualidad son sorprendentes.

Remontándonos a los orígenes de esta historia resulta reveladora la advertencia lanzada por Mariano Moreno: “Todas las naciones en los apuros de sus rentas han aprobado el arbitrio de los empréstitos, y todas han conocido a su propia costa que es un recurso miserable, con que se consuman los males que se intentaban remediar”. Esto proclamaba, en septiembre de 1809, en el polémico manifiesto “Representación de los hacendados”, en el que se dirigía al virrey Cevallos. Su vaticinio sobre el talón de Aquiles de nuestro país, tras casi dos siglos, parece no haber evitado que la historia se repitiera.

La historia de la deuda externa argentina tuvo su inicio en 1824. Apenas 15 años después de la advertencia de Moreno. Tras varios años negociándolo (la autorización estaba desde 1820), el gobierno de Buenos Aires recibió un préstamo de la Baring Brothers Co., de Londres. Bernardino Rivadavia prometía usar esa plata para hacer el puerto, dar agua corriente a la ciudad y fundar tres pueblos. Las intenciones del que es considerado el primer presidente de la Nación no llegaron a concretarse. Del millón de libras que el Estado pactó recibir sólo llegaron 560 mil. El resto quedó en manos de los intermediarios y acreedores, como adelantos de pago. La guerra con Brasil fue el destino del empréstito. En 1904 (80 años después), cuando se terminó de pagar esa primera deuda, habíamos abonado 12 veces más de lo que nos prestaron.

La Argentina volvió a endeudarse fuertemente a partir de la reorganización nacional de 1853. El alto endeudamiento puso a la Argentina dos veces al borde de un nuevo default. Lo impidieron Avellaneda, en 1874, y Pellegrini, en 1890. Manifestaron su voluntad de pagar en forma tan rotunda que Avellaneda no dudó en declarar que pagaría “aun con el hambre y la sed de los argentinos”, y Pellegrini dijo que “remataría, de ser necesario, hasta la Casa de Gobierno”.

En el contexto de la separación entre Buenos Aires y la Confederación Argentina en la que dividieron sus finanzas y ante la urgencia económica que la Confederación sufría por no contar con las ganancias del puerto, se le concede al empresario Buschental el insólito control de las aduanas de Santa Fe, Rosario y Coronda a cambio de adelantos monetarios que el exótico personaje siempre estaba presto a realizar y que indudablemente aliviaban a los generosos funcionarios.

La necesidad de construir caminos y desarrollar infraestructura genera nuevas necesidades de endeudamiento. Así es como se crea el Banco Nacional con un capital inicial de tres millones de libras esterlinas. Las acuciantes necesidades de las guerras, las obras del Riachuelo, y sobre todo la construcción de los ferrocarriles, generan la necesidad del empréstito inglés de 1868; por estas razones el estudio de este período revela que la deuda pública crece a mayor ritmo que la población y que los recursos nacionales. Como no podía ser de otra forma, la Argentina se encamina a una crisis, y lo paradójico es que ello ocurre de la mano de un tremendo crecimiento económico. Como resultado, en 1890 se suspende el pago de la deuda externa con la casa Baring.

Esta crisis casi lleva a la ruina al banco, lo que constituía un hecho insólito en Inglaterra. Se hablaba del desastre de los “gaucho banking”. Esto produjo un punto de inflexión en las relaciones entre Gran Bretaña y la Argentina. Las especulaciones acerca de que en esta región se encontraba la tierra prometida del crecimiento ilimitado se desvanecieron y con ellas se hundieron las acciones del banco, que pudo ser salvado por la intervención del Banco de Inglaterra.

Ese mismo año la Revolución del 90 desemboca en la renuncia del entonces presidente Juárez Celman. El vice, Carlos Pellegrini, dudó en asumir y lo condicionó al éxito de un empréstito interno para pagar la deuda: “Si no pagamos seremos inscriptos en el libro negro de las naciones insolventes. Sólo la ayuda de todos los que están en condiciones puede salvarnos. ¡Reclamo esa ayuda en nombre de la Patria!”.

El resultado fue un éxito: se necesitaban diez millones de pesos y se juntaron dieciséis, lo que le hizo exclamar: “Ahora sí soy presidente”.

Una perla que muestra cómo ha sido y sigue siendo el vínculo de nuestros gobernantes con los acreedores externos fue el decreto de Pellegrini mediante el cual aleja de sus funciones de representante argentino en Londres a Victorino de la Plaza. El argumento invocado es: “El doctor De la Plaza estaba demasiado en manos de los señores Morgan”. Cualquier parecido con la actualidad es de mal pensados. La insolvencia argentina pudo remediarse mediante el llamado “arreglo Romero” con los tenedores de títulos nucleados en el Comité Rothschild. Sí, tenedores de títulos nucleados para renegociar una deuda con la Argentina.

Del clima que se vive respecto de la posibilidad de no poder o no querer pagar los servicios de la deuda da cuenta una pequeña historia. A pocos meses de terminada la Segunda Conferencia Panamericana en México, hacia fines de 1902, las costas de Venezuela fueron bombardeadas por unidades navales de Gran Bretaña y Alemania, a las que se agregaron las de Italia. El objetivo de esta intervención conjunta fue exigir el cobro de las deudas del gobierno venezolano pendientes con particulares europeos. Mientras tanto, la llegada a Buenos Aires de la noticia de la intervención europea en Venezuela generó un “clima de histerismo”, según las palabras del propio canciller argentino Luis María Drago. A los ojos de por lo menos algunos sectores de la europeizada elite argentina, la injerencia de las potencias europeas fue percibida como una amenaza a la región.

En esas circunstancias, Drago preparó una nota, protestando por los sucesos de Venezuela. La nota incluyó lo que más tarde se dio en llamar la Doctrina Drago, aprobada por muchos países del mundo. El argumento central de esta doctrina sostiene que “la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”.

Desde nuestra perspectiva asombra pensar que el bombardeo por deudas era una posibilidad.

Desde el año 1957 la Argentina adhirió al FMI y la historia a partir de entonces es mejor conocida. Lo que ocurrió de ahí en más es motivo de una historia aparte. La última dictadura y las políticas que vinieron después tienen el antecedente de casi 200 años de endeudamiento. La constante parece haber sido endeudar la nación en beneficio no sólo de los bancos extranjeros sino también de grupos empresariales locales.

Si la deuda pública es aquella que el Estado contrae en nombre de toda la comunidad, la manera en que estas negociaciones fueron llevadas a cabo y los ajustes realizados a lo largo de nuestra historia hablan mucho de qué tipo de comunidad hemos estado construyendo.

Sergio Wischñevsky

* Profesor de Historia de la UBA.